Redacción | Saltillo, Coah.- Los derechohabientes de Instituciones de Seguridad Social de los Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila, pidieron ayuda al Gobernador del Estado para que se les dé información sobre el estado de las investigaciones en el caso del desfalco de mil 300 millones de pesos a instituciones de Seguridad Social de los Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila, informó Gustavo García, manifestante.
Lo anterior luego de que se ha hecho un cateo a las oficinas de la sección Quinta de los trabajadores de la Educación donde se descubrió un desfalco de 60 millones de pesos.
Los manifestantes acudieron al Palacio de Gobierno con algunas pancartas donde piden que también se investigue con celeridad los desvíos de dinero de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, llevaron consigo un documento en el que hacen dicha petición a Miguel Ángel Riquelme Solís, ejecutivo del estado.
Entre lo que solicitan se investigue con mayor celeridad está lo siguiente:
Delitos presuntamente cometidos por directivos y administradores del Fondo de la Vivienda, Dirección de Pensiones, Instituto del servicio Médico y Seguro, durante los años 2013 al 2016.
Cuyas denuncias fueron presentadas en mayo de 2016 y agosto de 2018 por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila y de las cuales no tienen información sobre el estatus de las indagatorias.
Incluso señalaron que falta que se investiguen las cuentas de 2011 y anteriores.
Patricia Nieto, también detallo los montos del desfalco por cada entidad pública.
INSTITUTO DE SERVICIO MÉDICO: $424 millones de pesos
FONDO DE LA VIVIENDA: $646 MILLONES DE PESOS
SEGURO: $120 MILLONES DE PESOS
DIRECCIÓN DE PENSIONES: $108 MILLONES DE PESOS.
Y agregó que algunos de los hechos considerados como delitos cometidos en este desvío se recursos están el desvío indebido de cientos de millones de pesos de las instituciones para uso del Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 38 del SNTE.
Los dobles pagos, ilegales y en exceso a directivos, vocales, auxiliares y empleados comisionados en las Instituciones.
Además de los pagos discrecionales y excesivos, con cargo a las cuentas de las instituciones,
Y los pagos en exceso y favoritismo en el cálculo de pensiones a algunos pensionados y jubilados, asignando 100% a quienes no cumplieron los años de servicio o alterando la proporción correspondiente por ley, entre
otros.