Eugenia Cabriales | Saltillo, Coahuila.- Los ocho colectivos de familiares de personas desaparecidas pidieron del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada, llevar al Estado Mexicano ante la Asamblea General de Naciones Unidas por graves violaciones a los derechos humanos y que se impulse un Mecanismo Internacional Contra La Impunidad en México (MICIM), con facultades para investigar y desarrollar estrategia de búsqueda en vida.
Lo anterior fue expuesto mediante comunicado oficial en la que además, piden apoyo en el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que el acuerdo actual no cumple con lo que necesitan para una certera identificación.
Porque una adecuada identificación les permite “saber quiénes son y con ello regresarles sus nombres, sus derechos, regresarlos a casa, la verdad, justicia, castigo a los culpables, no repetición del delito y una reparación de daño que jamás alcanzará a ser justa”, señalaron.
El 19 del presente mes expusieron estas necesidades ante Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) y Albane Prophette Pallasco, secretaria Técnica.
A manera de contexto manifestaron que Coahuila tiene 3,452 personas desaparecidas y la formación de ocho colectivos de familiares que señalan que la entidad es ejemplo de la IMPUNIDAD.
Apuntaron que hay omisión de las autoridades al no integrar en las carpetas de investigación, la información que se aporta en las búsquedas en vida y que da positivos en personas que se encuentran en situación de calle; “necesitamos que las autoridades les den seguimiento a esas líneas de investigación, a esos posibles positivos para poder localizarles”.
Con la Ley Estatal de Exhumación e Identificación Forense creada en el 2016, indicaron que del 2017 al 2020 se recuperaron 135 restos; en el 2021 se realizaron cinco exhumaciones masivas en las que se recuperaron 703 cuerpos sin identificar en fosas comunes, de las cuales oficialmente solo se ha reportado un cuerpo identificado y entregado y 14 con posibles cotejos.
“Nos preocupa la postura expresada desde el CRIH y en alianza con la Fiscalía de Personas Desaparecidas de no procurar e integrar la información ministerial a los procesos de identificación forense… El riesgo de que se emitan sólo certificados de muerte desvinculados a los procesos de procuración de justicia puede llevar a concluir que en varios casos no hubo delito como el de desaparición forzada, tipificándolos como simples homicidios entre particulares, lo que perpetuaría la impunidad”.