El presidente Donald Trump autorizó el despliegue de 300 efectivos de la Guardia Nacional en Chicago, Illinois, para abordar lo que, según él es una ola de delincuencia descontrolada.
La medida se produjo horas después de que las autoridades de inmigración hubieran reportado enfrentamientos con manifestantes en la ciudad y le hubieran disparado a una mujer armada cuando ella y otros embistieron vehículos policiales con sus carros.
Líderes estatales y locales llevan semanas criticando los planes de despliegue de Trump y los han calificado de abuso de poder.
El anuncio se produjo después de que una juez federal en Portland, Oregón, impidiera temporalmente que la administración Trump desplegara 200 efectivos allí.
Añadió que el uso de las fuerzas armadas para sofocar los disturbios sin el consentimiento del estado de Oregón pone en riesgo la soberanía de ese estado y de otros, y añadió que también exacerbó las tensiones en la ciudad y provocó un aumento de las protestas.
Chicago es la última ciudad -muchas de ellas lideradas por demócratas- en ser blanco de un controvertido despliegue de tropas, uniéndose a Washington, Los Ángeles, Memphis, Tennessee y Portland.
Chicago ha experimentado un aumento en las protestas contra la aplicación de la ley migratoria en la ciudad, y muchas de ellas han tenido lugar frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
A principios de esta semana, el presidente habló sobre sus despliegues en ciudades estadounidenses durante un discurso ante líderes militares.
Afirmó que quiere que las ciudades estadounidenses se utilicen como “campos de entrenamiento” para que los militares combatan al “enemigo interno” y sofoquen los disturbios.
