Al exterior de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, se registran protestas de grupos tanto a favor como en contra de Nicolás Maduro durante su segunda audiencia judicial en Estados Unidos.
Hasta el momento, los enfrentamientos se han limitado a intercambios verbales entre manifestantes.
Miles de simpatizantes se reunieron frente al tribunal para respaldar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, mientras ciudadanos venezolanos presentes señalaron que quienes apoyaban al exmandatario “no representan su pensamiento” y que ellos sí desean que el dirigente permanezca preso.
La audiencia, originalmente programada para el 17 de marzo, fue reprogramada para este jueves 26 de marzo por decisión del juez Alvin K. Hellerstein. En esta sesión se revisará la correcta identificación de pruebas y otros aspectos relevantes de las acusaciones presentadas por el gobierno de Donald Trump contra Maduro por presunto narcoterrorismo.
Maduro, de 63 años, gobernó Venezuela desde 2013 hasta su captura en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses el pasado 3 de enero.
Tras ser trasladado a una cárcel en Brooklyn, se declaró inocente de todos los cargos el 5 de enero.
El proceso contra Maduro se desarrolla bajo una ley promulgada en 2006 para combatir el narcotráfico vinculado a actividades consideradas terrorismo por Estados Unidos. Sin embargo, esta legislación ha tenido un historial limitado de éxito.
Según una revisión de registros judiciales realizada por Reuters, solo ha producido tres condenas en juicios, de las cuales dos fueron anuladas posteriormente por problemas relacionados con la credibilidad de los testigos.
La audiencia de este jueves se centra en aspectos técnicos del proceso, pero el caso de Maduro se ha convertido en un evento político y judicial de alto perfil, con repercusiones tanto en la comunidad venezolana en el exilio como en la política interna de Estados Unidos.
El Congreso de Estados Unidos aprobó la ley contra el narcoterrorismo, diseñada para perseguir a narcotraficantes que financian actividades consideradas terroristas. Desde su promulgación, 83 personas han sido procesadas bajo esta normativa, entre ellas el expresidente venezolano Nicolás Maduro.
