En plena conmoción mundial por el asesinato de un afroamericano en Estados Unidos, en México ocurrió un caso similar: el de Giovanni López.
Un albañil de 30 años que fue asesinado por policías que lo detuvieron en el municipio de Ixtlahuacán el pasado 25 de mayo por supuestamente incurrir en una “falta administrativa” que las autoridades hasta el momento no han querido aclarar, pero se dice fue no llevar un cubrebocas.
El caso cobró relevancia hasta que se difundió el video de la detención en las redes sociales, donde se observa a Giovanni forcejeando con cuatro elementos municipales que lo intentan meter a la fuerza a una camioneta de la policía.
Días después se confirmó que había muerto por traumatismo craneoencefálico y lesiones contundentes provocadas por golpes.
El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, y el titular de la Coordinación de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, negó que haya sido por motivo de no llevar mascarilla y solo se limitaron a decir que fue por incurrir en una “falta administrativa”.
En lo que sí hicieron bastante hincapié fue en detallar que Giovanni fue el primero en ponerse agresivo y desafiar a las autoridades cuando se le acercaron para informarle de la sanción.
La hipótesis más firme apunta a que Giovanni fue golpeado y “castigado” en los separos durante la madrugada del 26 de mayo por desafiar a las autoridades. Las redes acusan que fue víctima de abuso policial.
A partir del 20 de abril el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ordenó que las medidas de aislamiento social iban a ser de “carácter obligatorio” y que todos aquellos que las incumplieran iban a ser sancionados con una “falta administrativa”.
“La fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir”, detalló en un video que fue ampliamente difundido en todas las vías de comunicación del gobierno.
Los últimos reportes de las autoridades salud confirmaron que 2,136 personas en Jalisco han sido diagnosticadas con la enfermedad COVID-19, pero solamente 790 pacientes fueron considerados activos
