Autoridades capturaron a Martha Alicia Méndez Aguilar, conocida como “La Diabla” e identificada como presunta operadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusada de liderar una red de tráfico de bebés, feminicidios y extracción ilegal de órganos de mujeres embarazadas.
Tras meses de investigación fue detenida en Ciudad Juárez a inicios de septiembre de 2025 durante un operativo en el que participaron fuerzas federales, estatales y agencias de inteligencia estadounidenses.
Atraía mujeres embarazadas con promesas de empleo o ayuda económica. Una vez que aceptaban, eran trasladadas a inmuebles rentados de forma temporal donde se les practicaban cesáreas clandestinas sin condiciones médicas adecuadas.
En varios casos las mujeres fallecieron durante los procedimientos.
Los recién nacidos eran comercializados, principalmente hacia Estados Unidos, en operaciones cuyo costo podía alcanzar los 250 mil pesos por cada bebé.
El caso más reciente que vincula a “La Diabla” se registró en el fraccionamiento Portal del Roble, en Ciudad Juárez. Allí fue localizado el cuerpo de una joven de 20 años con siete meses de embarazo en una fosa clandestina. La autopsia determinó que murió por choque hipovolémico derivado de una extracción uterina, mientras que el bebé no fue hallado.
Este hecho reforzó la investigación contra la red, ya que coincidía con otras denuncias por desapariciones de mujeres embarazadas.
Las investigaciones señalan que Martha Alicia actuaba en coordinación con su esposo e hijo, recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social No. 3 en Ciudad Juárez. Ellos presuntamente mantenían operaciones vinculadas al CJNG y a la organización delictiva conocida como La Línea.
Mientras ellos actuaban desde prisión, “La Diabla” se encargaba de la logística, traslado de víctimas y entrega de recién nacidos a compradores dentro y fuera del país.
Tras su captura fue ingresada al Cereso femenil de Ciudad Juárez.
El expediente en su contra incluye acusaciones por feminicidio agravado y homicidio en grado de tentativa. La Fiscalía estatal presentó pruebas como testimonios, fotografías, registros de llamadas y mensajes que la vincularían directamente con la red de tráfico de bebés.
No obstante, el proceso enfrenta controversias. En audiencias recientes se reportaron resoluciones judiciales que favorecieron la no vinculación a proceso, lo que generó denuncias de corrupción.
Organizaciones civiles y colectivos de mujeres han exigido transparencia, acceso a los expedientes y garantías de justicia para las víctimas.
