Eugenia Cabriales | Saltillo, Coahuila.- La administración pública del alcalde Manolo Jiménez tiene un recurso jurídico en su contra por querer cobrar de manera desproporcional un certificado a las sexoservidoras y limitar su trabajo sólo a zona de Tolerancia.
La Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Coahuila presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Ayuntamiento de Saltillo por emitir un reglamento con modificaciones que atentan contra personas que ejercen prostitución en la ciudad, explicó el Obudsman Estatal, Hugo Morales.
Además, señaló que se establecen límites para el ejercicio de la prostitución y se radique solo en la Zona de Tolerancia de Saltillo, lo cual también está fuera del estado de derecho porque se criminaliza o discrimina.
Agregó que, aunque el objetivo es monitorear la salud de quien ejerza la prostitución el reglamento modificado no garantiza esa acción, sino que representa más trámites burocráticos e incrementos en el costo del tarjetón o certificado de buena salud para trabajar e incluso un cobro semanal.
