Ciudad de México
Un tribunal de apelación modificó las penas de 31 a 16 años de prisión y absolvió del cargo de delincuencia organizada a cuatro ex funcionarios de la Dirección de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex), colaboradores del general brigadier Eduardo León Trauwitz, sujeto a proceso de extradición en Canadá. Están acusados de facilitar el robo de más de 2 mil millones de litros de gasolina en el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que generó un daño patrimonial de más de 25 mil millones de pesos.
Los imputados fueron detenidos entre 2019 y 2020 y permanecen presos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 El Altiplano.
Por unanimidad, Sara Olimpia Reyes García, Josué Osvaldo Garduño Sánchez y Karla Guadalupe Pinedo Magaña, magistrados del primer tribunal colegiado de apelación, determinaron la sentencia luego de que los quejosos impugnaron el fallo de un juez federal, quien en julio del año pasado les impuso sentencias hasta de 31 años de prisión por delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburo.
El general Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, segundo mando en la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, y el coronel Emilio Cosgaya Rodríguez, ex gerente de Gestión Técnica en la misma área, recibieron una sentencia de 16 años, 10 meses y 15 días de prisión, así como 16 mil 875 días multa (equivalente a un millón 979 mil 606 pesos) por el delito consistente en facilitar “por cualquier medio para la sustracción ilícita de petrolíferos”, cometidos después del 13 de enero de 2016, cuando entró en vigor la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, dado que antes, si bien el Código Penal Federal consideraba delitos en materia de hidrocarburos, no preveía dicha falta.
La misma condena se impuso a los sargentos Ramón Márquez Ledezma, adscrito al Departamento de Seguridad Física de Cadereyta, y José Carlos Sánchez Echavarría, coordinador de la subgerencia de Salvaguarda Estratégica en Tampico.
Los juzgadores los exculparon de delincuencia organizada. Sostuvieron que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no demuestran que tuvieran la intención de cometer un delito ni de formar parte de un grupo criminal, ya que las actividades del lugar donde trabajaban eran totalmente legales.
Sin embargo, la defensa de los coacusados y la parte ofendida, en este caso Pemex, impugnaron la sentencia por medio de un nuevo juicio para que otro tribunal revise si el de apelación violó los derechos humanos o garantías individuales de los involucrados al dictar su resolución o si existieron violaciones graves al debido proceso.
