La cantante colombiana Shakira tendrá que presentarse a responder por seis delitos contra la Hacienda Pública española, por los que la Fiscalía le pide en total 8 años y 2 meses de cárcel, más una multa de 23.8 millones de euros.
En 2018, la fiscalía española acusó a la intérprete de no haber pagado 14,5 millones de euros (13,9 millones de dólares) en impuestos sobre los ingresos que obtuvo entre 2012 y 2014.
Por su parte Shakira, de 45 años, ha negado repetidamente haber cometido delito alguno y rechazó un acuerdo con las autoridades para evitar el juicio.
Sus representantes han declarado que ya ha pagado lo que debía, además de 3 millones de euros (2,8 millones de dólares) en intereses.
El caso gira en torno al lugar de residencia de Shakira entre 2012 y 2014. La fiscalía de Barcelona alega que pasó más de la mitad de ese periodo en España, por lo que debería pagar impuestos en el país, aunque su residencia oficial estaba en Bahamas.
La acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira “era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial”, tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.
Para evitar hacerlo, según la Fiscalía, Shakira “utilizó un entramado societario”, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio.