La actividad de este miércoles 14 de octubre en Palacio Nacional estuvo centrada en la promoción del decreto que el gobierno de Claudia Sheinbaum eligió como mecanismo para imponer controles a las redes sociales que operan en México.
Los controles se limitan, por lo menos hasta ahora, a las personas menores de 18 años y siguen la lógica de otras acciones tomadas por el gobierno de México de limitar prácticas abusivas que pudieran afectar a ese grupo de la población.
Según señaló Luisa María Alcalde, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, las redes sociales, al menos las de mayor presencia en México, aceptaron una serie de condiciones que buscan restringir o incluso impedir de plano el acceso de los menores de edad a contenidos que sean calificados como violentos en distintas categorías o que pudieran, de alguna manera inducir a ese grupo de personas a cometer actos contra ellas mismas o contra otros.
No es claro qué deberán hacer las redes sociales para filtrar los contenidos, pero según Alcalde hubo disposición de sus representantes en México a aceptar las reglas que, en todo caso, son similares a las que por estas fechas buscan establecer otros gobiernos de Europa, América Latina, además de Canadá, así como gobiernos de distintas entidades de Estados Unidos.
En ese país recientemente Meta, la controladora propietaria de Facebook, Whatsapp e Instagram, entre otras redes sociales o servicios de comunicación, aceptó un acuerdo que le evitó ir a lo que hubiera podido ser un juicio que, en otras épocas, hubiera podido implicar la desaparición de la empresa.
Dada la buena relación del gobierno de Donald Trump con los propietarios de distintas de estas empresas, incluido Mark Zuckerberg, el propietario de Meta, era difícil esperar que el gobierno federal de Estados Unidos interviniera, pero los gobiernos de una coalición de estados que incluía a California, Nuevo México y Arizona entre otros, tenían la capacidad para causar problemas a Meta que, para evitárselos, aceptó pagar una indemnización cuantiosa.
En Canadá y algunos países de Europa, se discuten o están a punto de aprobarse reglas que podrían llevar a exigir la presentación de documentos nacionales de identidad para poder clasificar al usuario e impedir, con ese dato, que se le presenten contenidos que los gobiernos de cada país pudieran considerar potencialmente dañinos.
En Palacio Nacional hoy no hubo claridad sobre cómo se evitará que los menores de 18 años accedan a contenidos que el gobierno de México clasifique como potencialmente riesgosos. Sólo se habló de la buena voluntad de las partes para que, a mediados de noviembre, entren en vigor plenamente las nuevas reglas.
Según Alcalde, el compromiso implica que se prohíba permitir que menores de 18 años tengan “acceso o exposición” o que se les pudieran recomendar “contenidos” que promuevan siete conductas de riesgo. Esas conductas son: “explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia en la escuela, acoso y ciberacoso y material sexual”.
También deberán contar con un “punto de contacto” permanente, o “24/7” que permita actuar en todo momento.
Por último, deberán alertar a las autoridades cuando se detecte contenido que atente contra la vida, así como a ofrecer los servicios con los que cuentan las secretarías de Educación y de Salud del gobierno federal en materia de orientación psicológica.
En México, además de Meta participaron del acuerdo con el gobierno federal Alphabet, la controladora dueña de Google, YouTube y otros servicios digitales, TikTok, así como Microsoft.
