Este lunes 24 de julio se vence el plazo para que el estado de Texas responda a la solicitud del gobierno federal, de retirar la barrera flotante que puso sobre las aguas del río Bravo como una “medida” para detener el flujo de indocumentados que ingresan al país por esa frontera.
La semana pasada el vicefiscal general Todd Kim y el fiscal general para el Distrito Oeste de Texas, Jaime Esparza, enviaron una carta al Gobernador Gregg Abbott donde aseguran que de no aceptar la solicitud, el Departamento de Justicia (DOJ) estaría dispuesto a demandar a Texas.
De acuerdo al DOJ, esta “viola leyes federales”, como la Ley de Ríos y Puertos e implica un riesgo para la navegación, así como de seguridad y, además, genera preocupaciones de carácter humanitario.
Por su parte Abbott, publicó en sus redes sociales el pasado 21 de julio, “Nos veremos en corte, señor presidente”, pues ha dicho que Texas “tiene el derecho soberano de cuidar su frontera”.
