Redacción | Saltillo, Coah.- Del año 2013 al 2018 Coahuila se registraron 73 feminicidios donde se privo de la vida a seis niñas por razón de género, y 29 entre adolescentes y mujeres que no rebasaron los 29 años de edad, lo anterior de acuerdo a la solicitud de transparencia de una ciudadana a la que respondió la Fiscalía General del Estado de Coahuila y que se publico en la investigación de Mexicanos contra la Corrupción.
Las seis niñas asesinadas presentaron huellas de lesiones físicas y violencia sexuales y socilaban entre los rangos de edad de 0 a 14 años de edad según el informe dado.
Una reforma al delito de feminicidio en Coahuila elevo la pena máxima de 50 años a 60 años en el mes de septiembre del año pasado, recientemente el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, manifestó la intención de elevar esta pena a 90 años pero sobre todo homologar dicha pena en los estados.
En el feminicidio se observa las siguientes circunstancias, según el Código Penal de Coahuila:
I.- Presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, previa o posterior a la privación de la vida de la víctima infligida por el sujeto activo;
II.- Se le haya infligido por el sujeto activo una o más lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes en zonas genitales o en cualquier otra, previa o posteriormente a la privación de la vida;
III.- Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia o discriminación por género en el ámbito familiar, laboral, o escolar, del sujeto activo contra la víctima;
IV.- Haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
V.- El cuerpo sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público, en circunstancias que degraden o menosprecien a la víctima.
Derivado de esta observación una investigación de Mexicanos contra la Corrupción sobre feminicidio a nivel nacional, se reveló que en Coahuila, 115 homicidios dolosos ocurridos del 2012 al 2018, no se clasificaron como feminicidio. Dejando a Coahuila en el lugar numero 9 de los estados donde se dejaron de procesar los asesinatos de mujeres como un delito derivado de violencia de género.
