El estado de Oklahoma prevé ejecutar a 25 presos en los próximos 29 meses, lo que implica que habrá una ejecución al mes hasta 2025, esto ocurre tras el fin de una moratoria de la pena de muerte por un problema con las inyecciones letales y una batalla legal sobre cómo aplicarla.
Un juez federal determinó que el protocolo de inyección letal de tres fármacos que emplea el Estado es constitucional, y el fiscal general John O’Connor, pidió que se pusiera fecha a las condenas a muerte pendientes en el estado.
Las ejecuciones en Oklahoma se paralizaron en 2015 luego de una serie de denuncias de errores con la inyección letal. Se reanudaron en octubre de 2021, cuando la Corte Suprema levantó la suspensión a la ejecución de dos condenados.
Oklahoma tiene un historial de ejecuciones con errores que han generado repudio. En 2014, un preso llamado Clayton D. Lockett pareció gimió y forcejeó durante una ejecución que duró 43 minutos; al final se concluyó que no había sido sedado de forma adecuada.
La primera ejecución fue programada para el 25 de agosto y las siguientes tendrán lugar aproximadamente cada cuatro semanas.
