Redacción | Saltillo, Coah.- La crisis sanitaria que vivimos no faculta a los gobernadores o presidentes municipales de implementar medias de restricción a los derechos humanos y garantías como retenes, multas, restricciones de viajes y mucho menos da carta abierta a las autoridades que puedan hacer uso de la fuerza de manera desmedida o discrecional, por lo tanto dichos actos son inconstitucionales, manifestó el Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan Larios.
Esto ante las medidas de protección que ha anunciado el Ejecutivo del Estado y que implementan los municipios.
Lo anterior es inconstitucional porque para decretarse medidas restrictivas de los derechos humanos antes debe decretarse un estado de excepción y de acuerdo a la Constitución Política de México sólo puede hacerlo el presidente de México, basado en el artículo 29 de dicha carta Magna.
Además establecen que el Consejo de Salubridad General es quien debe emitir el protocolo de carácter general.
Por lo que procederán de manera legal a los recursos que se tienen disponibles para defender los derechos humanos. Incluso piden aa población a reportar cualquier abuso de autoridad del que sean sujetos.
Solicitan al Gobierno Federal a ejercer una controversia constitucional en contra del decreto emitido por el Gobernador de Coahuila.
