Un clima político explosivo en Costa Rica pone en peligro la tradicional estabilidad del país. La influencia de Rodrigo Chaves en el gobierno favorece un curso disruptivo.
La tensión entre los poderes es una constante en los sistemas presidenciales de América Latina, pero no se había visto con tanta fuerza en Costa Rica, la otrora “Suiza de América Latina”.
Desde que Rodrigo Chaves asumió su mandato como presidente en 2022 esto ha cambiado. Ahora ejerce como ministro de la Presidencia y de Hacienda bajo la nueva presidenta, Laura Fernández, e imprime el mismo curso a la política de la mandataria. Se ha podido observar una preferencia por la acción disruptiva para lograr las decisiones anheladas: primero, con respecto a la Asamblea Legislativa; posteriormente, contra las instancias de bienestar, como la Caja Costarricense de Seguro Social; y últimamente, contra las instancias del Estado de derecho.
Con su reciente decisión, la Corte ha dado un paso adelante y ha prorrogado el mandato de los magistrados suplentes cuyo nombramiento ha expirado, hasta que el Poder Legislativo cumpla con su deber y elija a los nuevos.
La reacción del Ejecutivo no se hizo esperar: la presidenta del país, Laura Fernández, acusó a la Corte de perpetrar un “golpe de Estado” por parte de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa. Ella sostuvo que la Sala Constitucional asumió competencias que, según afirmó, corresponden exclusivamente al Congreso. Desde entonces, la disputa judicial ha continuado, ya que el Ejecutivo y la presidenta de la Asamblea presentaron una querella contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional por presunto prevaricato.
En el debate costarricense se enfrentan dos posiciones extremas: por un lado, la insistencia de la presidenta Laura Fernández y su antecesor en las prerrogativas del Ejecutivo y el interés de minar la credibilidad de las actuales autoridades judiciales, con el objetivo de desplazar a las “élites históricas”. Es precisamente el Poder Judicial, con sus decisiones, el que les impide el ansiado control total del sistema político.
Por otro lado, existe una alianza heterogénea llamada “Plantón por la Justicia Democrática”, que ha convocado manifestaciones en el centro de San José para defender el Poder Judicial y la democracia. Al mismo tiempo, los seis expresidentes del país han hecho un llamamiento a la ciudadanía en un desplegado por la grave crisis que está atravesando el país a causa del conflicto entre los diferentes poderes del Estado.
El clima político es explosivo y se caracteriza por la exigencia en la población de aplicar “mano dura” contra la inseguridad y la inmigración, una retórica antielite y la aceptación social tácita de la posibilidad de llevar a cabo acciones disruptivas, todo lo cual se corresponde con el accionar desde la presidencia del país y sugiere un posible desenlace autoritario de los conflictos candentes que llevan tiempo presentes en convocatorias digitales.
